Un plazo de 20 días dio a la Municipalidad el fiscal adjunto del Ministerio Público Carlos Marin para que informe sobre los aumentos de ingresos el año 2019 a un grupo de funcionarios del entonces DAEM, con cargo a los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), de acuerdo al oficio 14076-2022 de fecha 14 de febrero del presente año.
La petición del fiscal Marín, dice relación con una investigación por malversación de caudales públicos, según lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal en relación al artículo 180 y siguientes del mismo código, responsabilidad que recae sobre el sostenedor del servicio, en este caso sobre el alcalde de la ciudad.
La causa está enrolada en el Rol Único de Causa 1800376552-7 y caratulada como malversación de caudales públicos, según los artículos 233, 234, 235, 236, la que quedó al descubierto luego de la auditoría practicada al servicio (DAEM) por parte de la jefe del Departamento de Auditoria Operativa Interna de la Dirección de Control de la Municipalidad de Arica, Silvia Ahumada Toro y expuesta al concejo municipal de aquel entonces, lo que motivó presentaciones ante la Contraloría Regional y al Ministerio Público, cuyas diligencias se comienzan a conocer.
