La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica sobre el desalojo de ocupantes ilegales que habitan viviendas contaminadas en la población Cerro Chuño. Ratificación que se produce tras el Recurso de Protección por violación de Derechos Humanos, presentada en favor de los pobladores, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La información fue comunicada por el delegado presidencial, Roberto Erpel Seguel, quien manifestó su tranquilidad ante la respuesta de la Corte de Suprema de dar curso al desalojo. “Hemos cumplido. La Ley Nº 20.590 que establece un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la comuna de Arica es enfática en señalar que las personas deben desalojar Cerro Chuño. Es un sector que presenta altos niveles de plomo y arsénico, y es absolutamente necesario erradicar a todas las personas que están viviendo en esos terrenos, poniendo en riesgo su salud y generando un foco importante de delincuencia”.
Manifestó que, “el compromiso asumido por el Gobierno el 2010 se afrontó de buena forma; así lo ratificó el pronunciamiento judicial. Se garantizó a las familias los resguardos necesarios para llevar a cabo un desalojo de tal envergadura”.
Respecto a los pasos a seguir, la autoridad señaló que “estamos en condiciones para retomar y darle celeridad al Plan de Contingencia que lidera la Mesa de Cerro Chuño a cargo de la unidad de Gestión Provincial de la Delegación Presidencial Regional, en coordinación con el ministerio de Desarrollo Social y Familia; Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente; Servicio de Vivienda y Urbanismo, Carabineros y Policía de Investigaciones”.
Recordó que, en una primera etapa del Plan, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera realizó en diciembre del año recién pasado, una relocalización de cerca de 50 familias del Cerro Chuño.