En Arica se han cursado 20 mil sumarios por infracciones a las normas sanitarias
En la región de Arica y Parinacota se han cursado 20 mil sumarios por diversos incumplimientos sanitarios, de los cuales unos 14 mil ya se encuentran registrados en el sistema, en un largo y proceso de revisión y análisis caso a caso.
Es por eso que recién después de ser tramitados y terminados con resolución, posteriormente se notifica a los infractores. De ellas son cerca de 1.100 las que se encuentran con resolución, 743 notificadas y 335 por notificar.
Según las estadísticas hay 597 personas en trámite de cobranza, han pagado 146 infractores y esta cifra aumenta día a día ya que el método usual es utilizar la Caja Vecina del Banco del Estado, en este sentido la Seremi de Salud formuló un llamado para que las personas remitan el comprobante de pago a esta entidad.
Se informó que quienes no paguen en primera instancia, pasan a cobranza prejudicial y si se mantienen en deuda los infractores son derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la fecha 250 sumarios están ya están en proceso en esta unidad.
La seremi de Salud Beatriz Chavez Vicentelo al respecto explicó: “Es de una gran relevancia que las medidas de contención implementadas para mitigar el avance del Covid-19 en Arica y Parinacota, sean respetadas por la ciudadanía. Por ello, insistimos en respetar la distancia física, usar mascarilla, lavarse constantemente las manos y evitar salir si no es estrictamente necesario”, reafirmando que por cada persona contagiada, son en promedio tres los nuevos infectados.
“Las multas son proporcionales a la gravedad de la sanción. Así, a mayor riesgo sanitario, mayor será la multa. De acuerdo al Código Sanitario la multa máxima es de hasta $ 50 millones. Una sanción por no uso de mascarilla en el transporte público puede llegar a $ 150 mil, mientras que una persona confirmada con Covid-19 que quebranta su cuarentena, se expone a una multa que puede llegar hasta más de $ 10 millones”, precisó la seremi.
El Código Sanitario establece que se puede forzar al pago, llegando incluso al embargo de bienes. Otro ámbito que es fiscalizado es el protocolo funerario en contexto de pandemia, específicamente velatorios en domicilios, lo que no está permitido. Los infractores se exponen a multas hasta por 100 UTM ($ 5 millones).
