Ante la medida de restringir la circulación de taxis colectivos que regiría a partir del 2 de noviembre, el Consejero Regional Claudio Acuña a través de un oficio enviado al Gobernador Regional solicitó analizar y revertir esta medida, debido a que el sector más perjudicado sería la comunidad, especialmente los adultos mayores, ya que en estos meses sin la vigencia de la restricción, hay más automóviles particulares circulando en la ciudad en desmedro de la locomoción colectiva que utiliza un gran sector de la población ariqueña.
Explicó que no existe un estudio SECTRA (Programa de Viabilidad y Transporte Urbano) actualizado y con la validez suficiente de la situación actual del tránsito vehicular del centro de la ciudad, sus calles y sectores poblacionales. La autoridad sanitaria podría, tal como se está aplicando en otras regiones, fiscalizar la capacidad de transporte de pasajeros en taxis colectivos para conservar distanciamiento físico en los móviles, aumentando la crisis del sector y de los pobladores que necesitan el transporte público hacia y desde el centro de la ciudad.
Otro punto importante es que hace más de 20 años, el parque vehicular de taxis colectivos a nivel nacional se encuentra cerrado, no permitiendo el ingreso de nuevos móviles al sistema. Situación que en esta región, a la fecha, ha producido una pérdida de aproximadamente de 200 móviles que ya no prestan servicio en la ciudad, afectando la disponibilidad y frecuencia del servicio de las distintas líneas de taxis colectivos.
En síntesis, el consejero Acuña manifestó que se hace imprescindible la realización de un estudio de Impacto ambiental, con énfasis en las emisiones de gases al aire y al impacto vial. “Existe un considerable aumento del parque vehicular particular en la ciudad, dada la facilidad de adquisición de vehículos en Zona Franca, un aspecto que no se ha considerado y que los actores, tanto usuarios como prestadores de servicio han hecho notar, sin embargo un servicio tan esencial y necesario como la locomoción colectiva, que es un derecho ciudadano, no puede ser restringido sin considerar a todas las partes involucradas con preponderancia de los usuarios, explicó el integrante del CORE.