Como un acto deinstrumentalización de instituciones públicascatalogó elalcalde de Arica, Gerardo Espíndola, la acusación interpuesta por un grupo de concejales y que estejuevesfue desestimada por el Tribunal Electoral de Arica y Parinacota por falta de quórum, es decir, faltaron las firmas de los concejales Daniel Chipana y Juan Carlos Chinga en el documento presentados al TER.
“Es una vergüenza lo que pasó en Arica. Sabían estos concejales que, para presentar una acusación, debían tener el respaldo suficiente del Concejo, cosa que no tuvieron y aun así la presentaron, demostrando no solamente un nivel de improvisación, sino que una articulación para utilizar de mala manera instituciones como el Tribunal Electoral Regional, solamente con fines políticos partidistas, electoralista y cómo una forma de mancillar nuestra gestión y generar daño”, enfatizó el jefe comunal.
El organismo desestimó el requerimiento de abandono de deberes que pretendía la cesación de Espíndola como alcalde de Arica, debido a que no fue alcanzado el quórum necesario al considerar el ente que dos de los cinco concejales no se presentaron al apercibimiento.
La máxima autoridad comunal enfatizó que, pese al daño que esta situación ocasiona tanto a la ciudad misma como sus instituciones, como representante de Arica continuará con el trabajo desarrollado durante su gestión para desarrollar una ciudad a escala humana, que recupere los espacios públicos para entregarlos a las y los ariqueños.
“Lamentablemente, con este tipo de política vieja, de mala práctica de política, es difícil trabajar en la ciudad, pero seguiremos trabajando según nos mandató nuestra población, nuestra comunidad, que es servir a Arica”.
Espíndola agregó que “caer en situaciones como esta, de peleas chicas, de instrumentalización de instituciones públicas, le hace un daño enorme a la ciudad, un daño enorme a la democracia”.
FALTAN ANTECEDENTES
Consultado el concejal Daniel Chipana sobre el desistimiento del TER sobre la acusación de notable abandono de deberes del alcalde Gerardo Espíndola, explicó: “Esto corresponde a un proceso que está entre las facultades del Concejo Municipal en su rol de fiscalizador de la gestión. Lo que ha ocurrido en esta oportunidad es que faltan antecedentes que se deben investigar y verificar para dar mayor legalidad a la interpelación”.