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Lun, 2 de Noviembre de 2026 | Arica, Chile
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Fiscalía presentó acusación contra 10 funcionarios públicos en caso Fundación Comprometidos

A partir de este lunes 2 de noviembre ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia judicial en que la Fiscalía iniciará la audiencia de preparación de juicio...

Fecha: Por Crónica El Morro de Arica Lectura: 2 min.

A partir de este lunes 2 de noviembre ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia judicial en que la Fiscalía iniciará la audiencia de preparación de juicio oral para acreditar los medios de prueba por la responsabilidad penal de los diez imputados por delitos de corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, administración desleal y cohecho agravado por $600 millones, que involucra a  funcionarios públicos de los gobiernos regionales de Arica, Antofagasta y Atacama.

Respecto de este caso, el Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, indicó que la extensa indagatoria agotó cada una de las líneas investigativas con la ejecución de amplias diligencias como toma de declaraciones, realización de diversos informes contables y financieros, análisis de documentación y otras pericias que llevaron a sustentar el documento de la acusación.

Junto a ello, se acusó también la participación de particulares vinculados a la Fundación Comprometidos que tuvieron en los hechos sometidos a la investigación.

La autoridad agregó que respecto de las sanciones solicitadas en contra de las y los imputados, éstas contemplan penas efectivas de cárcel dada la gravedad de los delitos y la afectación al Estado cometidos en el marco de la supuesta ejecución de programas de esterilización de mascotas en las Regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, mientras que en Atacama los hechos investigados se refirieron a proyectos de entrega de agua potable en campamentos de Copiapó. Iniciativas que recibieron fondos del Estado para su ejecución, dinero que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo, no cumplió con los fines para los que fue adjudicado. Estableciéndose un perjuicio fiscal del orden de los 600 millones de pesos.

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