Corte deja sin efecto inhabilitaciones de jueces que no querían estar en el juicio de Los Gallegos
Según informa este martes el diario digital nacional El Mostrador, el tribunal de alzada (Corte de Apelaciones de Arica) determinó que en las decisiones relativas a los jueces Eduardo Rodríguez y Sergio Alvarez hubo una infracción a las normas del Código Orgánico de Tribunales, por lo cual les anuló de oficio.
El diario agrega que un nuevo capítulo en la verdadera miniserie en que se ha convertido la participación de los jueces de Arica en lo relativo a la causa en contra de Los Gallegos de Caracas, la facción del Tren de Aragua que opera en esa ciudad, se escribió hoy, luego de una reunión del pleno de la Corte de Apelaciones local, que dejó sin efecto la decisión del Tribunal Oral en lo Penal (TOP), que había aceptado las inhabilitaciones de al menos dos magistrados para conocer dicho megaproceso, que comienza el próximo 22 de abril.
La semana pasada, los ministros de dicha corte pidieron a la Corte Suprema que los datos de ellos y de los integrantes del TOP fueran retirados de la página web del Poder Judicial, en resguardo (según dijo la presidenta del tribunal de alzada) de los familiares de los magistrados. Posteriormente, como también informó El Mostrador, tres de los jueces designados para acudir a ese juicio pidieron no estar en el mismo, aludiendo a diversas causales.
En el caso de Sergio Alvarez, este apeló al artículo 196 número 15 del Código Orgánico de Tribunales, el cual permite que se recuse aquel juez que tenga “con alguna de las partes amistad por actos de estrecha familiaridad”, aludiendo al hecho de que conoce deportivamente a uno de los seis sujetos vinculados con Los Gallegos que ya han sido condenados en procedimientos abreviados..
También se inhabilitó el juez Eduardo Rodríguez, quien apeló al artículo 195 número 2 del mismo código, apelando a que es esposo de la fiscal Erika Romero y que por ende le afectaba la “implicancia” el hecho de ser cónyuge.
En el caso del juez Oscar Huenchual, su implicancia fue pedida en una primera instancia por la Defensoría Penal Pública, por haber integrado como fiscal judicial la primera sala de la Corte de Apelaciones local el 23 de diciembre pasado, día en que se revisó un recurso de Gendarmería relativo al traslado de algunos de los miembros de Los Gallegos a otros penales del país.
Consultado sobre el particular, el fiscal regional, Mario Carrera, dijo a El Mostrador que “es un tema de carácter jurisdiccional y de resolución exclusiva del Poder Judicial, por no lo que no nos corresponde referirnos al respecto”.
